Un proceso de incertidumbre
El proceso de las consultas ha estado cargado de incertidumbres. En 2012, la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA), presentó a la sociedad una propuesta de ley, elaborada en forma participativa por más de 500 organizaciones de la sociedad civil. Aunque la Asamblea sostiene que esta LEY COPISA es la base del actual proceso de revisión, en realidad ha circulado ya dos documentos que contradicen en aspectos fundamentales a la misma, sin que se conozca cuál de ellos es el que realmente se está discutiendo. La misma COPISA ha elaborado un documento comparando la ley original con las dos propuestas que circulan y con las impresiones recogidas en varios talleres con participación de la sociedad civil.
Puntos en conflicto
En cuanto al contenido de la nueva ley, los principales puntos en conflicto se refieren a:
- La propiedad de las semillas. La nueva ley propone que las semillas sean consideradas como un recurso estratégico del Estado. La sociedad civil se opone, declarando que las semillas son propiedad de los pueblos que las crearon y han mantenido, y que son un derecho humano básico.
- La certificación. Las dos propuestas que circulan hablan en distintos términos sobre la obligatoriedad del registro y la certificación de las semillas, pero ambas a la final proponen que esa certificación sea un requisito para que cualquier semilla pueda circular en el país. La sociedad civil se opone, aduciendo que la libertad de reproducción, uso y distribución o venta de las semillas es un aspecto esencial del derecho que los pueblos tenemos a nuestras semillas. Además la certificación obligatoria es inviable en la práctica, y de intentarse su aplicación se estaría afectando gravemente a la agro biodiversidad y la soberanía alimentaria.
Fortaleciendo el movimiento agroecológico
Los cuestionamientos de campesinos, indígenas y activistas han sido clave en este proceso. Distintos grupos han tenido distintas estrategias, desde unas más informativas, intentando educar y llamar la atención a los asambleístas a cargo del proceso, hasta otras más confrontacionales, llegando a negar la validez del proceso y de la ley de semillas en sí.
Todas estas estrategias tienen un sentido y colaboran a crear consciencia y sentar las bases del trabajo futuro con semillas en el país. El resultado de esta ronda de consultas pre-legislativas es aún incierto, pero el haber podido conectar tantos actores y sobre todo el haber podido compartir criterios y construir conceptos en forma participativa es una enorme ganancia para el movimiento agroecológico en el Ecuador.
Un nuevo panorama de acción
Vivimos al momento un importante momento de transición, viendo los resultados de décadas de erosión genética a nivel nacional, pero con muchos grupos en el país iniciando procesos de producción de semillas, en forma autónoma o conectada. La adaptación de especies, la creación de nuevas variedades y el rescate de semillas nativas y criollas son aspectos esenciales de este nuevo panorama de acción, tan necesario para construir auténticos procesos agroecológicos y alcanzar la anhelada soberanía alimentaria. Más aún en tiempos de cambio climático. Cualquier ley de semillas que surja debe tomar en cuenta estos escenarios y facilitar, incentivar, no entorpecer, esta labor.
